SE IMPONE REFORMAR NUESTRA CONSTITUCIÓN.

           

                         En el siglo XIX, las Revoluciones Liberales destruyeron el Sistema Estamental de privilegios del Antiguo Régimen en muchos países europeos. En España, este proceso revolucionario fue incompleto. Aristocracia y Clero siempre supieron hacerse con la situación, unas veces sobornando Monarcas y Liberales y otras apelando al Ejército. A la inversa de lo que ocurría en Europa, los liberales españoles no supieron impulsar la Revolución Industrial y modernizar las Instituciones del Estado. Ese período de la Historia de España moldeó todas las clases sociales acentuando su radicalidad, y sus secuelas perduraron durante toda la dictadura franquista. Inevitablemente, los intereses de las clases dominantes tradicionalistas aparecieron en la Constitución de 1978 con la división territorial política autonómica. Esto hace que el actual Sistema Político Español sea diferente de los sistemas de nuestros socios europeos porque aquí la Revolución Liberal-Industrial fue incompleta.

            En la última sesión de las Cortes Franquistas, en la que éstas se autodestruyen para dejar paso al Sistema Democrático, el tema de discusión no era aprobar la disolución. Se discutía el Sistema Electoral y la división territorial de la futura España democrática. Los poderes tradicionales, obligados por el FMI tenían que aceptar el cambio, incluyendo la legalización de todos los partidos políticos. Por tanto, se discutía sobre el modelo del nuevo Sistema Político y su Sistema Electoral para seguir controlando los negocios del Estado. En un sistema electoral “mayoritario”, casi siempre dos partidos importantes se turnan en el poder, y un tercero suele ser el partido “bisagra”. Pues bien, los tradicionalistas no podían tolerar que el tercer partido fuese el comunista, porque la mayoría parlamentaria siempre sería progresista. Ese puesto debía ocuparlo los partidos nacionalistas periféricos que por tradición e ideología son de derechas. Esto se consigue fácilmente con el Sistema Electoral “proporcional” que da entrada a los pequeños partidos locales. Para que los nacionalistas tengan realmente poder, y puedan contrarrestar un supuesto Poder central de izquierdas, tienen que ejercerlo y para ello se crea un sistema a la medida, el autonómico, con su Gobierno y su Parlamento y sin dependencia jerárquica del Gobierno Central. Si refrescamos la memoria, recordaremos que el Sistema Autonómico fue impulsado desde arriba, y tampoco faltan los ejemplos prácticos de pactos post-electorales que desafían toda lógica política.

            Como en este mundo nada es perfecto, aparecieron los fallos. Aparecen nuevos políticos, “los progres”, que ven un negocio con el Nacionalismo de izquierdas. Además, los comunistas acomplejados por la Dictadura Soviética caen de lleno en la trampa y colaboran con estos movimientos locales para picotear parcelas de poder. Esto es atípico, puesto que la ideología de izquierdas es universalista y el Nacionalismo es localista y tradicionalmente de derechas. Estos nacionalistas que se dicen de izquierdas son estafadores, alimentan un mito étnico tergiversando la historia. Se apoyan en unos “Fueros” del pueblo que les fueron arrebatados, cuando en realidad esos fueros eran por y para los estamentos privilegiados. El pueblo, en el Antiguo Régimen, sólo tenía el derecho a trabajar y callar.

Lo que en un principio era un negocio, el de acaparar poder, se ha degenerado en exigencias de independencia. La descentralización política del Estado ha permitido transferir ese poder delegado al poder económico local. Las élites locales funden nacionalismo cultural con nacionalismo político para alistar un ejército de abducidos a la causa nacionalista para mangonear las cuentas públicas. Don dinero autoalimenta y engorda cualquier grupo organizado. Mientras que nuestros socios europeos invierten en tecnología, en España estamos invirtiendo en nacionalismos excluyentes rancios.

            La hipotética desaparición del Estado Español sólo debería producirse en un proceso de integración hacia adelante, es decir, con la culminación de la Unión Europea como Estado, nunca hacia atrás con la independencia de las actuales Autonomías. Con la Ley Electoral “mayoritaria” quedarían tres o cuatro partidos políticos con vocación y programa de gobierno para toda España, y con una descentralización administrativa los conflictos de competencia desaparecerían. El debate República o Monarquía es compatible con este planteamiento. Seguramente los nacionalistas tacharían este sistema de dictadura, y tendrían razón. Es la dictadura de la mayoría, la perfecta definición de la Democracia, el menos malo de los sistemas, porque garantiza igualdad de derechos y deberes para “todos los ciudadanos del Estado” y periódicamente “todos los ciudadanos del Estado” deciden en las urnas.

            Sí, después de 39 años la Constitución Española de 1978 necesita despojarse urgentemente de los residuos del Antiguo Régimen para adaptarla a los retos de este siglo XXI. Estos retos no son otros que la creación del Estado Europeo con su propia Constitución, la única garantía de no repetir los 100 millones de muertos de las dos Guerras Mundiales del siglo XX provocadas por los nacionalismos.

Fdo.: Luis Perant Fernández