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miércoles, 30 de agosto de 2017

A MÁS INDEPENDENTISMO, MÁS CONSTITUCIÓN.




          Por lógica racional, la descentralización administrativa del Estado es más eficiente que el estado centralizado en la asignación de los recursos públicos. Esta descentralización acerca la administración a las necesidades del ciudadano, es más receptiva a sus propuestas y demandas, pero sobre todo permite la participación de los ciudadanos y agiliza las decisiones. La descentralización administrativa se lleva a cabo y se desarrolla transfiriendo competencias estatales, otorgando poder normativo y asignando recursos a los administrados, quienes conocen mejor que nadie las necesidades locales. El poder central se limita al reparto equitativo de los recursos nacionales y a controlar su asignación y buen uso en las competencias transferidas. De ningún modo se puede tachar la descentralización administrativa de dictadura del centro sobre la periferia, ya que cada cuatro años la soberanía ciudadana decide democráticamente en las urnas las políticas públicas que deben aplicarse a todos. Todos los ciudadanos y todos los partidos políticos tienen el derecho y el deber de participar en el sistema político democrático.

Sin embargo, en España se ha impuesto la descentralización política del Estado. Esta descentralización reparte el poder político central entre varios niveles de toma de decisiones, difumina la responsabilidad de quienes toman tales decisiones. El ciudadano agraviado no sabrá nunca el último responsable de sus desgracias. Además, como cada nivel político tiene su Parlamento para legislar sus leyes, los ciudadanos del Estado dejan de tener los mismos servicios públicos, los mismos derechos y mismas obligaciones, fundamento principal de toda Constitución democrática. En lugar de unirse, colaborar o competir para mejorar sus vidas, los ciudadanos pelean entre ellos para defender los intereses territoriales difusos, y no los suyos, los de sus clases sociales. Y en nuestra economía de suma cero esto equivale a despojar a unos para beneficiar a otros. Los grupos y territorios mejor organizados siempre conseguirán la mayor parte del PIB en detrimento de los más desorganizados o débiles. Por regla general, los núcleos más fuertes no son los más numerosos, ni siquiera siempre los más adinerados, sino los más acaparadores de poder político.

¿Por qué la Constitución Española de 1978 recoge la descentralización política y no la administrativa? ¿A quién beneficia? En toda decisión política siempre hay ganadores y perdedores. Esta decisión estudiada y premeditada benefició a la derecha tradicionalista porque la mayoría de españoles es de izquierdas y en todas las elecciones democráticas siempre habría ganado la izquierda. Pero como los poderes tradicionales dominan desde siempre los negocios, tanto del centro como de la periferia del Estado, y conocen a la perfección el caciquismo, disponen de los dos instrumentos infalibles para que una minoría gobierne a la mayoría en un sistema democrático. La ideología nacionalista y la descentralización política conformaron la hoja de ruta de las clases sociales dominantes en la dictadura franquista para seguir dirigiendo la política y la economía en la nueva etapa de la España democrática.

Para mantener tal dominio, la derecha tradicionalista ha fomentado, promocionado y primado la manipulación y desarrollo de las culturas locales para crear odio en la ciudadanía y terminar para siempre con la hipotética unión de las izquierdas. La colaboración de la nueva y atípica izquierda nacionalista ha sido fundamental en este proceso, ha sido el brazo ejecutor a cambio de picotear parcelas de poder. Estos nacionalistas de izquierdas se creen los artífices de la nueva España plurinacional, cuando en realidad son los nuevos jornaleros de estos nuevos caciques, de esta nueva España multinacional. Pero lo que en principio era un negocio político, el de acaparar poder para dirigir la economía, se ha escapado de las manos a los poderes tradicionales centrales y periféricos, y se ha transformado en un peligro para la convivencia y democracia. La descentralización política del Estado se ha convertido, para unos en cortijos privados de negocios cuasi mafiosos, y para otros, los “sans-culottes”, en refugios de supervivencia económica y privilegios públicos. Este afán de negocio insaciable ha desembocado en amenazas de independencia, precisamente para arrebatar todo el poder. El peligro es real para la convivencia pacífica y democrática. Si refrescamos la memoria, recordaremos que el sistema autonómico, con su descentralización política a desarrollar a gusto de cada territorio, fue inventado y aplicado desde arriba.



Sí, la Constitución Española de 1978 necesita urgentemente una reforma en profundidad, empezando por Monarquía o República, y siguiendo por descentralización política o descentralización administrativa. Éstas son las claves para conseguir una España democrática y social diferente, de todos y para todos, menos feudal y más europea, menos nacionalista y más universalista.


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