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miércoles, 27 de diciembre de 2017

SOBRE LAS ELECCIONES CATALANAS DEL 21-D.


Como era de esperar se vuelve a repetir el mismo cuento después del empate técnico de estas elecciones. Unos vuelven a repetir la necesidad del diálogo político para legitimar el derecho a decidir sobre la independencia de Cataluña, y otros se escudan en la Ley suprema de la Constitución que lo impide. Unos y otros quedan tan contentos porque todos han ganado con este status quo, se aseguran largos debates parlamentarios y en los medios, y se aseguran un trabajo fijo. ¿Y el ciudadano de a pie, el supuesto copropietario de la soberanía popular, dónde queda su estado del bienestar?

En una hipotética democracia pura, los partidos políticos que representan a los pobres siempre ganarían las elecciones, porque en toda sociedad, los pobres son más numerosos que los ricos. Si esto no ocurre en la práctica en ningún país del mundo es porque todas las democracias son intervenidas en mayor o menor medida. Aunque es de sentido común que de alguna manera la democracia pura debe ser intervenida para que ésta no se desvirtúe en demagogia, y en lugar de repartir riqueza se reparta pobreza. Pero en España, como prototipo de país extremista en todas las facetas, aquí somos los campeones del intervencionismo político.

La sociedad catalana ha quedado fraccionada en dos bandos enfrentados e irreconciliables, pero no entre izquierda y derecha, sino entre constitucionalistas e independentistas. Empecemos por los constitucionalistas. La derecha rancia tradicionalista, la de la reforma laboral salvaje y el saqueo de las arcas públicas, a través de su marca blanca lidera el bando constitucionalista, ha relegado al vagón de cola a la oposición de izquierda universalista. Su proyecto político es, en primer lugar, salvar a la patria de los enemigos que quieren romperla. Cuando dobleguen a los separatistas, ya hablaran de modelo de sociedad. Por su parte, los constitucionalistas de izquierda ni comen ni dejan comer, no se atreven a definirse por temor a perder votos, sin percibir que están perdiendo la identidad.

En el otro bando, el de los independentistas, es la misma tónica. La derecha rancia catalana, la del 3% y cuentas en paraísos fiscales, lidera el movimiento separatista sometiendo la voluntad de la oposición de izquierda con promesas de reparto de poder cuando logren la República Catalana. Esta izquierda nacionalista excluyente, independentista, republicana, localista, pueblerina… y todos los calificativos antinaturales y contradictorios inimaginables, está dispuesta a apoyar hasta el mismísimo diablo con tal de arañar cuotas de poder y mangonear presupuestos públicos.

Sí, la estrategia de la derecha española es la misma que la estrategia de la derecha catalana, porque hay una sola estrategia y una sola derecha. El descontento de los ciudadanos por los recortes salariales y sociales no debe canalizarse hacia los partidos de izquierda y poner en peligro el Gobierno de la derecha, el protector de las multinacionales, los verdaderos gobernantes de la economía mundial. Con las ideologías nacionalistas se consigue que los sentimientos desplacen al raciocinio y rompan el mayor bloque de los votantes, los “pobres”. La manipulación de la democracia pura está asegurada.
           
            Mientras tanto, los partidos de izquierda españoles y catalanes viven acomodados en la oposición, sin responsabilidad de gobierno y cobrando de las arcas públicas. Si no fuera así alzarían la voz contra la Ley Electoral que les perjudica y permite que todos los votos no tengan el mismo valor. Necesitamos una Ley Electoral que garantice “un ciudadano, un voto” para que nuestra democracia sea algo más justa y difícil de manipular. Y también para terminar con los pactos post-electorales que desafían toda lógica política y devuelva todo el protagonismo al ciudadano.


Fdo.: Luis Perant Fernández

miércoles, 6 de diciembre de 2017

SE IMPONE REFORMAR NUESTRA CONSTITUCIÓN.

           

                         En el siglo XIX, las Revoluciones Liberales destruyeron el Sistema Estamental de privilegios del Antiguo Régimen en muchos países europeos. En España, este proceso revolucionario fue incompleto. Aristocracia y Clero siempre supieron hacerse con la situación, unas veces sobornando Monarcas y Liberales y otras apelando al Ejército. A la inversa de lo que ocurría en Europa, los liberales españoles no supieron impulsar la Revolución Industrial y modernizar las Instituciones del Estado. Ese período de la Historia de España moldeó todas las clases sociales acentuando su radicalidad, y sus secuelas perduraron durante toda la dictadura franquista. Inevitablemente, los intereses de las clases dominantes tradicionalistas aparecieron en la Constitución de 1978 con la división territorial política autonómica. Esto hace que el actual Sistema Político Español sea diferente de los sistemas de nuestros socios europeos porque aquí la Revolución Liberal-Industrial fue incompleta.

            En la última sesión de las Cortes Franquistas, en la que éstas se autodestruyen para dejar paso al Sistema Democrático, el tema de discusión no era aprobar la disolución. Se discutía el Sistema Electoral y la división territorial de la futura España democrática. Los poderes tradicionales, obligados por el FMI tenían que aceptar el cambio, incluyendo la legalización de todos los partidos políticos. Por tanto, se discutía sobre el modelo del nuevo Sistema Político y su Sistema Electoral para seguir controlando los negocios del Estado. En un sistema electoral “mayoritario”, casi siempre dos partidos importantes se turnan en el poder, y un tercero suele ser el partido “bisagra”. Pues bien, los tradicionalistas no podían tolerar que el tercer partido fuese el comunista, porque la mayoría parlamentaria siempre sería progresista. Ese puesto debía ocuparlo los partidos nacionalistas periféricos que por tradición e ideología son de derechas. Esto se consigue fácilmente con el Sistema Electoral “proporcional” que da entrada a los pequeños partidos locales. Para que los nacionalistas tengan realmente poder, y puedan contrarrestar un supuesto Poder central de izquierdas, tienen que ejercerlo y para ello se crea un sistema a la medida, el autonómico, con su Gobierno y su Parlamento y sin dependencia jerárquica del Gobierno Central. Si refrescamos la memoria, recordaremos que el Sistema Autonómico fue impulsado desde arriba, y tampoco faltan los ejemplos prácticos de pactos post-electorales que desafían toda lógica política.

            Como en este mundo nada es perfecto, aparecieron los fallos. Aparecen nuevos políticos, “los progres”, que ven un negocio con el Nacionalismo de izquierdas. Además, los comunistas acomplejados por la Dictadura Soviética caen de lleno en la trampa y colaboran con estos movimientos locales para picotear parcelas de poder. Esto es atípico, puesto que la ideología de izquierdas es universalista y el Nacionalismo es localista y tradicionalmente de derechas. Estos nacionalistas que se dicen de izquierdas son estafadores, alimentan un mito étnico tergiversando la historia. Se apoyan en unos “Fueros” del pueblo que les fueron arrebatados, cuando en realidad esos fueros eran por y para los estamentos privilegiados. El pueblo, en el Antiguo Régimen, sólo tenía el derecho a trabajar y callar.

Lo que en un principio era un negocio, el de acaparar poder, se ha degenerado en exigencias de independencia. La descentralización política del Estado ha permitido transferir ese poder delegado al poder económico local. Las élites locales funden nacionalismo cultural con nacionalismo político para alistar un ejército de abducidos a la causa nacionalista para mangonear las cuentas públicas. Don dinero autoalimenta y engorda cualquier grupo organizado. Mientras que nuestros socios europeos invierten en tecnología, en España estamos invirtiendo en nacionalismos excluyentes rancios.

            La hipotética desaparición del Estado Español sólo debería producirse en un proceso de integración hacia adelante, es decir, con la culminación de la Unión Europea como Estado, nunca hacia atrás con la independencia de las actuales Autonomías. Con la Ley Electoral “mayoritaria” quedarían tres o cuatro partidos políticos con vocación y programa de gobierno para toda España, y con una descentralización administrativa los conflictos de competencia desaparecerían. El debate República o Monarquía es compatible con este planteamiento. Seguramente los nacionalistas tacharían este sistema de dictadura, y tendrían razón. Es la dictadura de la mayoría, la perfecta definición de la Democracia, el menos malo de los sistemas, porque garantiza igualdad de derechos y deberes para “todos los ciudadanos del Estado” y periódicamente “todos los ciudadanos del Estado” deciden en las urnas.

            Sí, después de 39 años la Constitución Española de 1978 necesita despojarse urgentemente de los residuos del Antiguo Régimen para adaptarla a los retos de este siglo XXI. Estos retos no son otros que la creación del Estado Europeo con su propia Constitución, la única garantía de no repetir los 100 millones de muertos de las dos Guerras Mundiales del siglo XX provocadas por los nacionalismos.

Fdo.: Luis Perant Fernández

martes, 17 de octubre de 2017

EXTREMISMOS Y TOLERANCIA.


¡Qué desgraciados somos los españoles! Por una parte tenemos a los progres-nacionalistas-independentistas, y por el otro lado tenemos a los extremistas-fachas-tradicionalistas. ¿Es que no quedan ciudadanos a secas? Si sumamos desde los corruptos de guante blanco hasta los ciudadanos de a pie que se enorgullecen de pagar sin IVA, tal vez queden pocos españoles que cumplan las leyes.

El comportamiento extremista de los españoles, y materializado en la Guerra Civil de 1936, podría tener una explicación. En Europa hubo guerras de religión, que se extendieron prácticamente a lo largo de los siglos XVI y XVII, y que dejaron millones de muertos. Este desastre humanitario y demográfico cambió el comportamiento de los europeos: la tolerancia religiosa invadió todas las mentes, guió y transformó los comportamientos de los reinos y sus súbditos. La tolerancia surgida de las guerras de religión fue la precursora del Estado Liberal.

En Europa también se produjeron dos Guerras Mundiales en el siglo XX que dejaron 100 millones de muertos. Estas dos guerras fueron frutos de las políticas colonialistas de las potencias dominantes para adueñarse de las materias primas mundiales, que necesitaban las industrias de la nueva clase liberal. Se formaron dos bandos irreconciliables con los mismos intereses y las mismas pretensiones. Estaba en juego la supremacía mundial, ser el dueño de las riquezas mundiales. Tanto estaba en disputa que los dos bandos optaron por la “guerra total”, es decir implicar a toda la población. Esta estrategia sólo podía llevarse a cabo preparando previamente a toda la población. Se puso en práctica la ideología nacionalista creada por la Ilustración y expandida en toda Europa por las tropas napoleónicas. Las armas en manos de los soldados adoctrinados y de las masas nacionalistas embrutecidas hicieron el resto. De estas dos guerras también se aprendió: fueron las precursoras del Estado Democrático y de las Organizaciones Supranacionales, precisamente para terminar con los nacionalismos.

Por suerte, por fortuna o por otras razones políticas, los españoles no conocimos los horrores de las guerras de religión, ni de las dos guerras mundiales. Sin embargo, este aislamiento nos ha dejado secuelas, sentó cátedra en nuestra mentalidad, somos más radicales. Los españoles no somos, o somos menos tolerantes que nuestros socios europeos. Este hándicap nos perjudica dentro de la Unión Europea a la hora de formar coaliciones para defender o proponer políticas concretas, donde se necesita talante negociador, diplomático y tolerante. Pero también nos perjudica en las relaciones diarias entre ciudadanos de las distintas autonomías.

Como los españoles no participamos en las dos Guerra Mundiales, pues tampoco hemos escarmentados de los nacionalismos. Y nuestros políticos siguen tan alegremente utilizando el instrumento político nacionalista tan peligroso para la convivencia y la paz social, pero tan rentable para conseguir votos. Ningún político español valora, o sabe porque nunca lo pregona, cómo empezó la Unión Europea. El Mercado Común Europeo nació después de la II Guerra Mundial precisamente para crear un espacio común europeo alejado de los nacionalismos políticos para no repetir los 100 millones de muertos.

Algunos podrían decir que sí tuvimos muchos muertos en nuestra Guerra Civil, y que sí valoramos la tolerancia y la democracia. Pues no, esa herida se ha cerrado en falso y costará mucho tiempo en cicatrizar. Desgraciadamente no sirve de ejemplo porque el odio entre españoles sigue latente. Tal vez para pasar página, esa parte de la Historia reciente de España debería darse en la enseñanza pública sin tapujos ni complejos, se debe decir quiénes fueron los constitucionalistas y quiénes los golpistas. También se ha de enseñar quiénes fueron los extremistas y los intolerantes antes del 36, durante la guerra y después del 39.


Fdo.: Luis Perant Fernández

lunes, 9 de octubre de 2017

PULSO INDEPENDENTISTA.


No me gusta la Constitución Española. No me gusta la Monarquía parlamentaria española. No me gusta la descentralización política del Estado español. No me gusta la Ley Electoral española. No me gusta que partidos políticos corruptos puedan dirigir el Gobierno de España, de las Autonomías o de los Ayuntamientos. Sin embargo, la Constitución Española de 1978 permite la convivencia de todos los españoles dentro de un Estado Democrático de Derecho, y también, es la garantía de nuestra permanencia en la Unión Europea. Cuando has sufrido la carencia de libertades de la Dictadura franquista y, al mismo tiempo, has disfrutado del modo de vida de una democracia europea, pues aprendes a valorar tu Constitución democrática aunque no sea del todo de tu agrado.

La propia Constitución prevé los mecanismos para su reforma porque ninguna Ley puede ser eterna, ya que las sociedades son dinámicas y el mundo cambiante. La Constitución y la Sociedad deben caminar a la par para garantizar el progreso de los ciudadanos en este mundo globalizado. Claro está que ciertos aspectos de la Constitución deben cambiarse por mayorías cualificadas para que el Estado y los ciudadanos estén protegidos de los gobiernos totalitarios disfrazados de populistas.

Nos guste o no, todos debemos defender y cumplir la Constitución. Y defender la Constitución no es salir ahora con la bandera y culpar a unos, y endemoniar a otros. La Constitución se defiende todos los días, se tenía que haber defendido desde el primer día. Desde el principio, todos los Gobiernos de España han pactado con los nacionalismos periféricos para conseguir mayorías parlamentarias y mangonear los presupuestos del Estado, todos han engordado el bicho cediendo a los chantajes, todos han transferido competencias peligrosas para la unidad del Estado. Las Autonomías españolas han acumulado competencias exclusivas impensables para el resto de los Estados Federales del mundo occidental. ¿Quiénes son los responsables de la situación actual?

La mayoría de ciudadanos desea una solución pacífica a este desafío independentista, pero si no damos una solución equilibrada para todos los ciudadanos, para todas las capas sociales, para todas las sensibilidades políticas, estaremos condenados a repetir el mismo escenario otra vez en Cataluña o en cualquier otro rincón de España. La solución no consiste en un parche para salir de la situación actual, sino en una revisión integral de la Constitución de 1978. Podría ser que las clases tradicionalistas españolas prefieran lidiar con los nacionalistas excluyentes antes que aventurarse al advenimiento de una Constitución Republicana. Podría ser que los independentistas prefieran cualquier escenario político-económico inestable y ruinoso antes que compartir la mejor de las Constituciones españolas. También podría ser que la izquierda española sea más populista que de izquierda, más nacionalista que universalista, más oportunista que resolutiva. Probablemente sea la suma de todo ello.


Fdo.: Luis Perant Fernández


martes, 26 de septiembre de 2017

TÍTULO DE PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA CATALANA.


Si resulta que votar es democracia, los trabajadores, desempleados y jubilados de Alicante, Badajoz o Girona podrían defender sus intereses votando. Ya que son los más numerosos y más pobres de España, pues que hagan referéndums para garantizar un reparto más justo de la riqueza, un trabajo digno, un salario digno, unas pensiones dignas, cero recortes en sanidad y educación, cero recortes en ayudas para discapacitados y dependientes… “No piden robar riquezas, ni privilegios, sino votar, ejercer el derecho a decidir”. Claro que estos referéndums serían difíciles de llevar a cabo ya que no son rentables para el capital constitucionalista, ni para el capital nacionalista.

Este razonamiento puede parecer una broma infantil para algunos, aunque para los ciudadanos desfavorecidos seguro que no lo es. Pues sigamos con algo más tangible, porque el desafío de los independentistas a la Constitución es preocupante, aunque aseguren que son pacifistas. Nadie sabe cómo terminará el pulso entre la Generalitat catalana y el Estado español, pero es que nadie sabe tampoco cómo empezó. Hay versiones para todos los gustos. Y como mi defecto es opinar, pues ahí va mi punto de vista.

            Está comprobado estadísticamente que la franja de individuos entre 35 y 40 años es la que más se implica y participa en los asuntos sindicales, políticos, públicos y asociativos de todo tipo. ¿Y cuándo empezaron las competencias catalanas en Educación? Pues hagan ustedes mismos los cálculos y verán cómo las cuentas cuadran. Tampoco hay que ser muy espabilado para darse cuenta que la balanza se inclina del lado independentista cada año un poco más con nuevas hornadas de estudiantes. El problema no radica tanto en el traspaso de competencias educativas u otras, sino en el uso que se hace de ellas. Cuando a un niño lo educas desde pequeño diciéndole que los malos son los castellanos que le arrebataron sus fueros, pues ese niño al hacerse mayor relaciona todas sus frustraciones y carencias con aquellos malvados. El Estado de esta España democrática no ha sabido enseñar a sus estudiantes que en el Antiguo Régimen no existía el ciudadano tal como es hoy día, que aquel individuo era un súbdito, casi esclavo, que sólo tenía derecho a callar, obedecer y trabajar para el amo. El Estado occidental de derecho y democrático tal como lo conocemos hoy empezó con la Revolución Francesa hace poco más de 200 años y se fue perfeccionando a lo largo de los siglos XIX y XX. Y en España, salvo el corto paréntesis republicano y algún que otro periodo menor en el S.XIX, ese modelo de Estado democrático sólo llegó con la Constitución de 1978. Por tanto, los españoles de 2018 no somos culpables de los aciertos, errores u horrores de la época romana, visigoda, musulmana, medieval, imperial o franquista. Aunque sí somos el resultado de todas ellas.

            La mayoría de las fuerzas políticas cree que la única salida pacífica a este movimiento independentista es el camino del diálogo y la negociación entre todas las partes hasta llegar a una reforma constitucional pactada. Ahora bien, hay que recordar a todos los posibles y futuros negociadores el artículo 1.2 de la Constitución Española que dice: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Por tanto, el ciudadano de a pie de Alicante, Badajoz o Girona es copropietario de la soberanía nacional, su título de propiedad es la Constitución y sin su consentimiento no puede haber reforma constitucional.

Lo mismo que me niego a que unos autodenominados “independentistas democráticos” me quieran robar parte de mi país legitimándose en una “supuesta herencia de un título de propiedad de un bando del estamento privilegiado de la nobleza del año 1714 (¿?)”, también me niego a que los representantes políticos actuales de la soberanía nacional pacten una reforma constitucional sin someterla al voto de la soberanía nacional, es decir de todos los españoles. Por cierto, ya que destapamos el corcho de la reforma constitucional, que no se quede en un lavado de cara para contentar a la burguesía catalana, sino que sea una reforma integral que aporte soluciones a los problemas de los ciudadanos de Alicante, Badajoz, Girona… y todos los demás ciudadanos españoles.


Fdo.: Luis Perant Fernández


viernes, 15 de septiembre de 2017

POLÍTICA METAFÍSICA.


En la Antigüedad, los griegos decían que la PHYSIS, o naturaleza, es la porción del mundo que podemos captar con nuestros cinco sentidos, pero que existe otra parte infinita de la realidad que los hombres son incapaces de percibir. A esos fenómenos invisibles para el ser humano, pero que ellos aseguraban su existencia, les llamaron NOÚMENOS, en oposición a los FENÓMENOS que sí podemos ver o sentir. Es lo que el filósofo Immanuel Kant denominó: “conocimiento racional puro” en oposición al “conocimiento sensible”.

Ese ejercicio de abstracción de los griegos antiguos fue el punto de partida primordial y esencial para el inicio de las Ciencias Naturales y Sociales, y su posterior desarrollo tal como las conocemos hoy día. Asegurar la existencia de los noúmenos alentó investigar lo que no se ve, pero que la razón insiste en su presencia, por ejemplo: las matemáticas, la teoría atomista de Demócrito, el magnetismo, las ondas electromagnéticas, la electricidad, la electrónica, la fisión y fusión nucleares, la biología celular y molecular, la informática, la telefonía móvil…

En CIENCIA POLÍTICA es difícil distinguir entre conocimiento sensible y conocimiento racional puro, pero aún más entre Ciencia y Política. Y no tanto por la Ciencia y la Política, sino por los inmejorables actores-intérpretes sociales. En toda sociedad, lugar y época, la CLASE DOMINANTE perpetúa su poder y su supremacía económica monopolizando, administrando y adjudicando el vasto espectro de ideologías políticas y religiosas; su CLASE POLÍTICA cumple los objetivos y legitima su alto estatus social disfrazando esas ideologías clasistas y negocios elitistas en Ciencia Política; y su CLASE RELIGIOSA, dirigente de todos los cultos, justifica y rentabiliza su trabajo cuando sus fieles llegan a confundir fe con razón y teología con Ciencia, la de los noúmenos, la que no se ve, y precisamente por ello cada cual puede especular y asegurar cualquier existencia. Al igual que en física la energía no se destruye sino que se transforma, en política, el PODER no se arrebata y se destruye, sino que se autoalimenta y se auto transforma para sobrevivir a cualquier alteración, y rara vez cambia de manos.

¿Y cuál es la moraleja de esta historia, si es que la tiene? Pues la mía, me la callaré. En POLÍTICA no dejes que otros te regalen todos los ingredientes cocinados y masticados, porque en esta sociedad política nada es gratuito, todo tiene un precio para el administrado y un beneficio para el administrador. Pero como los conocimientos no son innatos ni privativos, puesto que cada uno los aprende en un proceso interminable de formación y los aprehende a lo largo de toda una vida, pues nadie está en posesión de la verdad absoluta, ni de la visible, ni de la razonada. Piensa por ti, pero con conocimiento racional puro instruido, luego existirás.


 Fdo.: Luis Perant Fernández

miércoles, 30 de agosto de 2017

A MÁS INDEPENDENTISMO, MÁS CONSTITUCIÓN.



          Por lógica racional, la descentralización administrativa del Estado es más eficiente que el estado centralizado en la asignación de los recursos públicos. Esta descentralización acerca la administración a las necesidades del ciudadano, es más receptiva a sus propuestas y demandas, pero sobre todo permite la participación de los ciudadanos y agiliza las decisiones. La descentralización administrativa se lleva a cabo y se desarrolla transfiriendo competencias estatales, otorgando poder normativo y asignando recursos a los administrados, quienes conocen mejor que nadie las necesidades locales. El poder central se limita al reparto equitativo de los recursos nacionales y a controlar su asignación y buen uso en las competencias transferidas. De ningún modo se puede tachar la descentralización administrativa de dictadura del centro sobre la periferia, ya que cada cuatro años la soberanía ciudadana decide democráticamente en las urnas las políticas públicas que deben aplicarse a todos. Todos los ciudadanos y todos los partidos políticos tienen el derecho y el deber de participar en el sistema político democrático.

Sin embargo, en España se ha impuesto la descentralización política del Estado. Esta descentralización reparte el poder político central entre varios niveles de toma de decisiones, difumina la responsabilidad de quienes toman tales decisiones. El ciudadano agraviado no sabrá nunca el último responsable de sus desgracias. Además, como cada nivel político tiene su Parlamento para legislar sus leyes, los ciudadanos del Estado dejan de tener los mismos servicios públicos, los mismos derechos y mismas obligaciones, fundamento principal de toda Constitución democrática. En lugar de unirse, colaborar o competir para mejorar sus vidas, los ciudadanos pelean entre ellos para defender los intereses territoriales difusos, y no los suyos, los de sus clases sociales. Y en nuestra economía de suma cero esto equivale a despojar a unos para beneficiar a otros. Los grupos y territorios mejor organizados siempre conseguirán la mayor parte del PIB en detrimento de los más desorganizados o débiles. Por regla general, los núcleos más fuertes no son los más numerosos, ni siquiera siempre los más adinerados, sino los más acaparadores de poder político.

¿Por qué la Constitución Española de 1978 recoge la descentralización política y no la administrativa? ¿A quién beneficia? En toda decisión política siempre hay ganadores y perdedores. Esta decisión estudiada y premeditada benefició a la derecha tradicionalista porque la mayoría de españoles es de izquierdas y en todas las elecciones democráticas siempre habría ganado la izquierda. Pero como los poderes tradicionales dominan desde siempre los negocios, tanto del centro como de la periferia del Estado, y conocen a la perfección el caciquismo, disponen de los dos instrumentos infalibles para que una minoría gobierne a la mayoría en un sistema democrático. La ideología nacionalista y la descentralización política conformaron la hoja de ruta de las clases sociales dominantes en la dictadura franquista para seguir dirigiendo la política y la economía en la nueva etapa de la España democrática.

Para mantener tal dominio, la derecha tradicionalista ha fomentado, promocionado y primado la manipulación y desarrollo de las culturas locales para crear odio en la ciudadanía y terminar para siempre con la hipotética unión de las izquierdas. La colaboración de la nueva y atípica izquierda nacionalista ha sido fundamental en este proceso, ha sido el brazo ejecutor a cambio de picotear parcelas de poder. Estos nacionalistas de izquierdas se creen los artífices de la nueva España plurinacional, cuando en realidad son los nuevos jornaleros de estos nuevos caciques, de esta nueva España multinacional. Pero lo que en principio era un negocio político, el de acaparar poder para dirigir la economía, se ha escapado de las manos a los poderes tradicionales centrales y periféricos, y se ha transformado en un peligro para la convivencia y democracia. La descentralización política del Estado se ha convertido, para unos en cortijos privados de negocios cuasi mafiosos, y para otros, los “sans-culottes”, en refugios de supervivencia económica y privilegios públicos. Este afán de negocio insaciable ha desembocado en amenazas de independencia, precisamente para arrebatar todo el poder. El peligro es real para la convivencia pacífica y democrática. Si refrescamos la memoria, recordaremos que el sistema autonómico, con su descentralización política a desarrollar a gusto de cada territorio, fue inventado y aplicado desde arriba.



Sí, la Constitución Española de 1978 necesita urgentemente una reforma en profundidad, empezando por Monarquía o República, y siguiendo por descentralización política o descentralización administrativa. Éstas son las claves para conseguir una España democrática y social diferente, de todos y para todos, menos feudal y más europea, menos nacionalista y más universalista.


miércoles, 16 de agosto de 2017

CULTURA, PODEROSO INSTRUMENTO DE GOBIERNO.




Tus conocimientos y tus vivencias se adquieren, y por tanto, dependen de ti, de tus circunstancias y de la socialización que hayas recibido del sistema educativo vigente. Sin embargo, tu cultura te viene dada porque se transmite de padres a hijos.

Por desgracia, el mal gobernante confunde socialización con cultura, y altera la cultura para beneficio “del bien nacional” o “del interés general”, y que por norma coincide con los intereses de las clases gobernantes. El mal gobernante es experto en dirigir el destino de la sociedad cambiando sus necesidades, gustos, preferencias, costumbres, ideas, y hasta su Historia y lengua, para que se ajusten a los intereses y negocios de la clase dominante. De ahí, las malas artes y sobornos de los grupos de presión para imponer sus modelos educativos y culturales al gobierno de turno, pero también los chantajes en gobiernos de coalición por dirigir la cultura y la educación. La ideología nacionalista está hecha a la medida para obtener la aprobación de la ciudadanía en la manipulación de la cultura.

Los peones de estas clases dominantes, que podríamos llamar mercenarios de los grupos de poder, son actores y comediantes insuperables en el arte de la representación e interpretación, maestros en manejar la opinión pública para hacer confundir progreso con consumo, éxito personal con interés económico gremial, cultura local con superioridad intelectual, y magos en transformar toda esa cultura cocinada en instrumento político. Con ese bagaje pseudointelectual, pseudocultural y pseudonacionalista transmitido a la sociedad, ciertos lobbies acaparan los partidos políticos y las Instituciones del Estado para hacer de lo público su negocio gremial y privado.

Para conseguir sus fines, los sofistas mercenarios son expertos en dirigir la opinión pública acaparando los medios de comunicación y creando Fundaciones, ongs y laboratorios de ideas. A la par, para estar cerca del poder, la oligarquía contribuye con sus recursos comprando voluntades en las administraciones públicas y colocando colaboradores en las empresas públicas, sindicatos obreros, organizaciones empresariales y principalmente, en todos los partidos políticos. Con todo el terreno abonado, los pesos pesados de estos holdings culminan su negocio ejerciendo de lobby ante los tres Poderes del Estado para influir, recomendar o dirigir la toma de decisiones ejecutivas, legislativas y judiciales, y, distribuir, asignar o mangonear los Presupuestos Generales del Estado.

El ciudadano raso es siempre el perdedor en este juego político-cultural, porque no crece como ciudadano por acumulación de la experiencia, sino por reacción a los acontecimientos políticos negativos o positivos, espontáneos o provocados. En política, lo positivo y negativo son sentimientos relativos, subjetivos, interesados y temporales. Y en todo Sistema Político esos sentimientos son casi siempre provocados, inculcados, delimitados, cuantificados, tutelados y administrados por el poder establecido.

El ciudadano beneficiado por lo positivo del Sistema Político será adepto al sistema y el sufridor de lo negativo del mismo Sistema Político será inconformista o anti sistema. Más allá de 6 meses, la memoria política falla en la gran mayoría de los votantes, y, lo negativo se puede manipular y transformar en positivo, y viceversa también. El sistema político, principalmente el democrático, siempre busca su supervivencia asegurándose el apoyo mayoritario de los ciudadanos en todas las circunstancias, unas veces cubriendo las necesidades de éstos, otras muchas, generando los deseos de lo que el sistema puede ofrecer o quiere imponer, y otras, administrando el miedo a lo desconocido o a lo diferente. El ciudadano, que reacciona en la dirección deseada a todos estos estímulos del sistema, está adecuadamente culturalizado.


El devenir es imparable e impredecible,  pero siempre, hasta el último de nuestros pensamientos y movimientos estará limitado, fomentado o promocionado por el Sistema Político en el que vives a través de su proceso de socialización y culturalización. Esta tutela será positiva o negativa en función del buen o mal gobierno. Si el gobierno del mal gobernante se prolonga en el tiempo, producirá daños irreparables en la cultura, formación, socialización y futuro de los ciudadanos, y terminará por dejar secuelas psicológicas en una o varias generaciones. De ahí la importancia de fomentar la cultura política democrática en el sistema educativo para generalizar la participación ciudadana en los asuntos públicos y no caer en la trampa del mal gobernante, y también, para inculcar la imperiosa obligación de los ciudadanos de votar siempre en todos los procesas electorales, precisamente para liberarse del mal gobernante. Pretensiones difíciles de llevar a cabo, ya que las clases dominantes se reservan el monopolio de la enseñanza y el derecho a manipular la cultura para seguir gobernando.

Fdo.: Luis Perant Fernández